Seúl, Corea del Sur. El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol fue detenido nuevamente este jueves tras emitirse una orden de arresto en su contra por cinco cargos penales relacionados con su fallido intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, una maniobra que desencadenó una profunda crisis institucional y su eventual destitución del cargo.
La orden fue dictada de madrugada por el juez Nam Se-jin, del Tribunal del Distrito Central de Seúl, a solicitud del fiscal especial Cho Eun-suk, quien argumentó que existe un riesgo fundado de destrucción de pruebas por parte del exmandatario.
Yoon, quien ya había enfrentado detención preventiva en enero de este año, fue trasladado al Centro de Detención de Seúl en Uiwang, al sur de la capital, tras comparecer en audiencia junto a sus abogados, quienes rechazaron todas las acusaciones.
Cinco cargos graves y un historial turbulento
La fiscalía presentó una solicitud de arresto por los siguientes delitos:
- Obstrucción especial de deberes oficiales
- Violación de la ley del Servicio de Seguridad Presidencial (SSP)
- Abuso de autoridad para obstruir derechos
- Falsificación de documentos oficiales
- Destrucción o manipulación de registros públicos
Según la investigación encabezada por Cho, Yoon orquestó una serie de decisiones administrativas y maniobras ilegales para justificar su intento de imponer un decreto de ley marcial, argumentando «razones de seguridad nacional» ante protestas masivas en su contra. Sin embargo, el decreto fue declarado inconstitucional en abril, lo que dio paso a su destitución formal tras un juicio político impulsado por el Parlamento.
Un expresidente acorralado por la justicia
Este nuevo arresto marca un segundo episodio de detención para el expresidente, quien ya había perdido sus funciones oficiales desde enero tras ser suspendido por el Parlamento mediante un proceso de impeachment.
A pesar de los intentos de su equipo legal por frenar la acción judicial, las autoridades argumentaron que las investigaciones continúan revelando intentos sistemáticos de alterar registros y ocultar evidencias clave, por lo que era necesaria su reclusión preventiva.
El caso de Yoon ha provocado un terremoto político en Corea del Sur, reviviendo memorias de otros mandatarios procesados por corrupción, abuso de poder y autoritarismo. La sociedad surcoreana, profundamente democrática, observa con atención cada paso del proceso judicial que podría derivar en una condena histórica.
