La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) urgió este viernes a las autoridades mexicanas a llevar a cabo una investigación exhaustiva, independiente y eficaz tras el hallazgo de 383 cuerpos sin incinerar que fueron encontrados apilados en el interior de un crematorio privado en Ciudad Juárez, Chihuahua, un hecho que ha causado indignación y profunda preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
El descubrimiento de los cadáveres, ocurrido el pasado 26 de junio en el crematorio Plenitud, reveló una trama de irregularidades y negligencias, luego de que las autoridades confirmaron la presunta participación de al menos seis funerarias, que cobraron por servicios de incineración que nunca se realizaron, dejando en la incertidumbre a cientos de familias que confiaron en esos procesos para dar un último adiós a sus seres queridos.
En un comunicado, la ONU-DH expresó su solidaridad con las familias afectadas y exhortó al Gobierno de México a garantizar el respeto de los derechos de las personas fallecidas, tal como lo establecen los estándares internacionales en la materia, particularmente los contenidos en el Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, elaborado en 2024 por Morris Tidball-Binz. Dicho informe subraya que la dignidad de las personas no termina con la muerte y que el respeto al cuerpo y a los restos humanos debe preservarse en todo momento, un principio que, de acuerdo con la ONU-DH, fue vulnerado en el caso del crematorio de Ciudad Juárez.
El organismo recordó que los familiares de las personas fallecidas tienen el derecho a conocer la verdad sobre el destino de sus seres queridos, a acceder a la justicia y a recibir los restos de forma digna para poder realizar un proceso de duelo conforme a sus costumbres, creencias y preferencias culturales. El hallazgo de los cuerpos, muchos de ellos en estado de descomposición, y la sospecha de que a varias familias se les entregaron cenizas ajenas o simples restos de tierra, representan una grave violación a esos derechos y profundizan el dolor de quienes enfrentan esta tragedia.
“El Estado debe garantizar que los restos mortales sean devueltos a las familias de forma digna y brindar asistencia para que puedan ser enterrados nuevamente de acuerdo con las preferencias personales o culturales del fallecido”, apuntó el relator especial en su informe. Asimismo, enfatizó que aunque el manejo de los restos pueda estar en manos de actores privados, el Estado conserva la responsabilidad de asegurar que se realicen peritajes independientes, se identifiquen plenamente los cuerpos y se proporcionen las condiciones necesarias para un duelo respetuoso y digno.
La ONU-DH subrayó que este caso debe ser un parteaguas para que el Estado mexicano no solo se limite a sancionar penalmente a los responsables, sino que implemente medidas que garanticen la verdad, la reparación integral y prevengan la repetición de hechos similares, fortaleciendo así los mecanismos de supervisión sobre los servicios funerarios privados y asegurando un respeto irrestricto a los derechos humanos incluso después de la muerte.
