El Gobierno de Venezuela comete crímenes de lesa humanidad al perseguir a opositores por causas políticas, aseguró este martes la Misión creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para documentar las violaciones de derechos que suceden en el país caribeño.
La Misión, presidida por la jurista postuguesa Marta Valiñas, declaró que el régimen chavista se enfoca en estos momentos en aplastar toda oposición pacífica mediante actuaciones que no son “aisladas o aleatorias, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir” a quienes disientes de las políticas del Gobierno de Maduro.
“Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado (…) Aunque esto es una continuación de patrones previos, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano”, dijo Valiñas en Ginebra en la presentación ante la prensa del último informe elaborado por su equipo.
La Misión presentará el próximo jueves oficialmente su informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El informe subraya que la crisis actual de Venezuela “es la peor de la historia reciente” y que ha alcanzado “un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho” tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Indica el documento de la Misión de la ONU que las autoridades de Caracas ni siquiera fingen independencia respecto del Ejecutivo y los ciudadanos se encuentran completamente indefensos ante la arbitrariedad de las acciones judiciales.
El informe fue elaborado entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, diseñado para cubrir los sucesos e incidentes previos y posteriores a las elecciones. Entre los casos documentados se consignan 48 detenciones entre diciembre y marzo bajo cargo de conspiración, y órdenes de arresto contra activistas, periodistas, opositores políticos y militares.
En el mes de julio se produjeron 120 detenciones durante la campaña electoral, cifra que se elevó a 2000 después de que el oficialismo diera a conocer los resultados de los comicios, acusados de terrorismo e incitación al odio.
La Misión informa también que entre los detenidos se encuentran un centenar de menores de edad, algunos con discapacidades. “La Misión ya había advertido que el gobierno podía activar su aparato represivo a voluntad, y eso es lo que estamos viendo ahora”, dijo uno de los integrantes del equipo de la misión de la ONU, el chileno Francisco Cox.
