Pedro Sánchez y España

Francina Armengol, presidente del Congreso de los diputados de España, anunció este lunes
que la investidura de Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), como presidente del gobierno se celebrará el 15 y 16 de este mes. Las elecciones
generales de junio de este año las ganó el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo pero
no consiguió la investidura al negarse a aceptar exigencias de los partidos nacionalistas.
Sánchez fue derrotado en esas elecciones pero será investido al conceder a los nacionalistas
todo lo que han pedido. La distancia entre un hombre de Estado y un corsario oportunista.
El precio a pagar por Sánchez supone un golpe de estado. En 2017 Carles Puigdemont,
entonces presidente de la Generalitat por el partido JuntsxCat heredero del viejo Convergencia
de Jordi Pujol, proclamó por unos segundos la independencia de la ridícula república catalana.
El gobierno de la nación española invocó el artículo 155 de la constitución para intervenir y
normalizar la situación de Cataluña cuya consecuencia inmediata fue la huida del golpista
Puigdemont en la cajuela de un coche con destino a Waterloo, Bélgica, en donde espera a que
Sánchez sea investido para regresar al país. Los términos del acuerdo entre Pedro Sánchez y
Carles Puigdemont para que el primero reciba el apoyo de los siete diputados de JuntsxCat que
aseguren su investidura son no sólo antidemocráticos sino plenamente anticonstitucionales. La
exigencia más visible es una declaración de amnistía a los golpistas catalanes que resulta la
abolición del estado de derecho y la liquidación de la democracia liberal. 7 de cada 10 españoles
están en contra de la ley de amnistía. Esta es una de las cesiones para conseguir el apoyo de
investidura, porque Sánchez sin plebiscito mediante ha cedido soberanía a nacionalistas vascos
y catalanes, ha excarcelado a terroristas de ETA, ha condonado la deuda de 80.000 millones de
euros que la Generalitat de Cataluña tiene con el resto de España, ha admitido la lawfare que
permite a los políticos enjuiciar a jueces y fiscales instructores de la causa del golpe de estado
catalán y que ya están siendo denunciados.
Pedro Sánchez se dispone a promulgar una ley de amnistía para la que ha requerido la
prevaricación del fiscal general Conde-Pumpido. La amnistía no cabe en un régimen
constitucional y democrático porque el estado de derecho asegura la igualdad de los
ciudadanos ante la ley. La amnistía es reconocimiento expreso de que no existe ni estado de
derecho, ni ley, ni mucho menos igualdad entre los españoles. Desde hace una semana, los
ciudadanos se manifiestan diariamente ante las sedes del PSOE en contra de la amnistía. El
clamor se extendió a la multitudinaria manifestación de 2.000.000 de ciudadanos que tuvo lugar
el domingo pasado en Madrid. Pedro Sánchez aparenta indiferencia. No importa que las
asociaciones de fiscales, jueces, policía nacional, guardia civil, el Consejo Superior del Poder
Judicial, se opongan a la amnistía. La ambición desquiciada de un energúmeno rompe sin
necesidad la convivencia, la separación de poderes, la democracia liberal.
El poder corrompe a la persona que lo ostenta y a la vez corrompe alrededor. Pedro
Sánchez obsesionado por su persona y cegado por su soberbia ha dinamitado el sistema
democrático. Es ya el peor presidente de la historia. Nadie ha llegado a la presidencia del
gobierno de España conspirando contra la nación que pretende gobernar.