Mucho se ha escrito y hablado en los diversos medios de comunicación sobre el perfil del gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo producto de su triunfo electoral, pero, sobre todo, de las mayorías que obtuvo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
Se hacen proyecciones a partir de los nombramientos de su futuro gabinete y también de las reformas que se presentarán a discusión y aprobación en el mes de septiembre – octubre, último mes del gobierno del presidente López Obrador.
Diversos columnistas y generadores de opinión aseveran con contundencia que Claudia Sheinbaum Pardo no es Andrés Manuel López Obrador, que ella tiene una manera diferente de gobernar y que con ella existen posibilidades de diálogo y acuerdos que permitan que las iniciativas, propuestas de políticas públicas y acciones de gobierno que emprenderá pueden ser complementadas con aportaciones de los partidos políticos de oposición, las organizaciones de la sociedad civil, académicos, especialistas y dirigentes de movimientos sociales ambientalistas, derechos humanos etc., ven en la presidenta virtual electa un perfil dialoguista sin que ello implique mentir y traicionar el mandato que les otorgó el pueblo de México.
Otros generadores de opinión y analistas ven a una presidenta virtual electa aún más cerrada, sin posibilidad de diálogo, acuerdos y propuestas que complementen sus políticas públicas igual o peor que al mismo López Obrador, ya que no querrá ser considerada como una traidora al movimiento y a su antecesor, que aplicó políticas públicas, sin que estas fueran acordadas, negociadas o complementadas por la oposición política u organizaciones de la sociedad civil o movimiento social, incluso muchas de sus obras emblemáticas y políticas públicas fueron cuestionadas y se utilizaron los mecanismos de protección que otorga la ley, para suspender por poco tiempo obras que dañaban el medio ambiente o vulneraban los derechos de ciudadanos y comunidades en general.
Lo cierto es que esta nueva administración más allá del perfil de la gobernante se enfrentará a la posibilidad de hacer un gobierno de izquierda democrático progresista o un gobierno nacionalista, autoritario y neoliberal como al parecer hoy México tiene en la actual administración.
Antes esto dos caminos la nueva presidenta virtual electa tendrá que decidir si proyecta a México como un país con un Estado social, democrático y de derechos de izquierda democrática y progresista o un Estado autoritario, centralista presidencialista, asistencialista, paternalista, clientelar, nacionalista, conservador y neoliberal de centro derecha.
Sin duda una decisión difícil ya que por lo que la realidad nos muestra, será complicado tomar la decisión de qué nuevo régimen político querrá ir aplicando durante los próximos seis años. Lo cierto es que ella o ellos los del nuevo gobierno tienen los mecanismos institucionales para conducir al país hacia uno de ambos puertos y muchos esperamos que opte por una opción de izquierda democrática y progresista, instale un proyecto de largo plazo en donde el Estado sea democrático en su proceso de toma de decisiones, en su transparencia y su rendición de cuentas, sea social en el más amplio sentido de la palabra y que los programas sociales dejen de ser programas asistenciales clientelares y paternalista y se conviertan en políticas de Estado de larga duración y que sea un Estado de derechos dónde las y los ciudadanos tengamos protegidos de la cuna a la tumba los derechos sociales, políticos, económicos y culturales que nos hemos ganado y que sin duda debemos ampliar cómo, son el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a un salario digno, a una libre y participativa sindicalización, al agua, al disfrute de la diversidad cultural y territorial de nuestro país, a una pensión digna y sobre todo a fortalecer las más amplias libertades de expresión, manifestación, asociación, elección en preferencia sexual, de vida y de muerte.
Sin embargo los signos que hoy vemos a la distancia también nos hacen temer que la nueva administración opte por fortalecer las facultades metaconstitucionales de la nueva presidenta, se opté por desmantelar las instituciones ciudadanas de vigilancia de los recursos públicos, de acceso a la información, a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la protección de los derechos humanos, del control de las competencias de las empresas privadas en territorio nacional y de quitarle también el control ciudadano a las elecciones.
Se ve también con preocupación el restar independencia y autonomía al Poder Judicial que con la reforma que se discutirá en septiembre-octubre se crea falsa mente que con ella se abatirá la corrupción intentando copiar un modelo como el norteamericano o como el boliviano que han demostrado no resolver el problema de fondo que es la justicia y no del Poder Judicial en sus jueces y magistrados.
También observamos con cierta precaución y desconfianza una vez más, el intento de que la Guardia Nacional sea constitucionalmente un ente militar y hacer de las fuerzas armadas un ente administrador de instalaciones estratégicas del país, ya que en ellas se manejan miles de millones de recursos provenientes del extranjero o generados de nuestro país que por el mismo carácter castrense pueden ser opacas en su administración para las autoridades civiles y con ello no tener claridad sobre el destino de los recursos, pero sobre todo, de las responsabilidades políticas económicas y de Estado a las que pueden incurrir por encima de la autoridad civil.
Finalmente, y no por ello menos importante está también el tema de la seguridad pública en manos de autoridades militares a las que se le quiere sumar la Guardia Nacional y con ello poner en riesgo más libertades civiles y políticas que hemos logrado arrebatarle durante muchos años a estos sectores y a estados autoritarios, como lo son el derecho de manifestación, el de libre circulación en territorio nacional, el de asociación de ciudadanas y ciudadanos. No debemos olvidar que el mejor socio de las organizaciones criminales en México han sido las fuerzas armadas en colusión con las fuerzas de seguridad civiles y eso lo tenemos que erradicar.
Estamos preocupados del riesgo de atentar -estas autoridades de seguridad- contra dirigentes de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, periodistas, dirigentes políticos, etc., porque serán ellos, estos mandos militares los que tengan el control de la información, pero sobre todo también el control de la inteligencia como mecanismo de control social y eso es un grave riesgo para la ciudadanía y las distintas organizaciones que conformamos para la participación política en nuestro país.
Podemos pensar y el mundo puede acompañar este pensamiento, de que en México se vive una plena democracia y que las y los ciudadanos optaron votar por este programa de gobierno que ofreció la virtual presidenta electa, sus partidos que le impulsaron y el gobierno de la actual presidente Andrés Manuel López Obrador y no les falta razón en pensar que México vive plenamente en democracia, pero esta plenitud democrática puede estar en riesgo o se puede fortalecer según el nuevo perfil de la presidenta virtual electa y su gabinete que tienen la encomienda de hacer de México un país con un Estado social, democrático y de derecho de izquierda democrática progresista o un Estado autoritario centralista, presidencialista, asistencialista, paternalista, clientelar, nacionalista conservador y neoliberal de centro derecha.
Las y los ciudadanos tenemos la responsabilidad de dar seguimiento al gobierno, esperar que no retroceda en derechos adquiridos, demandar ampliación de derechos políticos, sociales y económicos y velar conjuntamente por la estabilidad y la gobernabilidad de nuestro país, y el mundo debe estar expectante para acompañar en caso de que así se sucediera movimientos sociales y ciudadanos legítimos para que México no tome el camino del autoritarismo más allá de qué si se piensa que la actual administración y la futura administración que comienzan en octubre son o parezcan ser un gobierno de izquierda, porque en la realidad mexicana no lo es, ya que el traje no hace al monje y el monje es una persona de carne y hueso que entre sus valores debería tener el ser demócrata y el monje que gobierna México no lo es y esperemos que el nuevo personaje que dirigirá los destinos de nuestro país no sólo asuma su talante democrático sino que además lo ejerza y parezca ser un actora congruente, ya que no sólo gobernara a mexicanos con ese perfil y talante, sino también muchas de sus políticas tendrán repercusiones en todo nuestro continente.
México y su nueva presidenta están en el umbral de hacer de la política una actividad colectiva de beneficio del bien común o cancelar la política y engendrar populistas anti-estado, anti-economía, anti-sociedad. Aquí las oportunidades o el riesgo.
José Irán Moreno Santos
Presidente
Fundación de Estudios Políticos Económicos y Sociales Progresista
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